La posible reforma del delito de malversación de caudales públicos, planteada el lunes por el presidente catalán y líder de ERC, Pere Aragonès, ha hecho saltar las alarmas en algunos de los grupos cuyo apoyo en el Congreso sería imprescindible para que saliera adelante. El PSOE y una parte de Unidas Podemos consideran viable estudiar una rebaja de las penas para quien no consiga un enriquecimiento personal a través de la malversación, lo cual implicaría rebajar las condenas a varios de los condenados por el procés. Pero varios socios del Ejecutivo, así como la parte mayoritaria de Unidas Podemos, tienen sus reservas ante la posibilidad de que una modificación de este delito pueda beneficiar también a condenados por casos de corrupción.

El lunes, Aragonès se limitó a señalar durante una entrevista en RAC1 que, una vez pactada con el Gobierno la modificación del delito de sedición, "ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación". El president no ofreció muchos detalles sobre esa posible modificación del tipo penal, si bien apostó por "revertir" la reforma del Código Penal que llevó a cabo el PP en 2015 y que permitió, entre otras cosas, que los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pudieran ser encausados por este delito. 

Aragonès, en cualquier caso, insistió en que la corrupción "se debe seguir persiguiendo", aunque no detalló cómo podría evitarse que la modificación del delito de malversación pudiera ser beneficiosa para algunos condenados o encausados que no se han enriquecido personalmente por sus delitos. Entre ellos podría estar el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, pero también dirigentes como el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, acusado de malversación por desviar dinero público para espiar al extesorero de su propio partido, Luis Bárcenas.

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Este martes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tampoco despejó las dudas que genera esta cuestión y se limitó a señalar que "hay que ser quirúrgico" a nivel jurídico para evitar efectos indeseados al reformar el Código Penal. "Se trata de no utilizar el Código Penal como un castigo ideológico", argumentó Rufián, que sin embargo reconoció que, aunque "esa es la clave", entiende "las contradicciones" que implica reducir las penas en determinados supuestos de un delito tan fundamental a la hora de perseguir la corrupción. 

Unidas Podemos da un paso atrás

Buena muestra de que este debate existe -y no de manera testimonial- entre los socios del Gobierno es que el propio Unidas Podemos, que el lunes había expresado por boca de su portavoz catalán Jaume Asens su disposición a reformar la malversación, este martes fue mucho más cauto y admitió que el tema tiene "aristas". Es más: los morados, que se habían mostrado a favor de la eventual reforma de la malversación, ahora prefieren esperar acontecimientos antes de pronunciarse.

Como casi todo últimamente en Unidas Podemos, los vaivenes en la postura de los morados tienen que ver, por una parte, con una diferencia ideológica y, por otra, con una cuestión interna. Quien frenó este martes el entusiasmo por la reforma de la malversación fue el portavoz parlamentario Pablo Echenique, que más que una posición unitaria de todo el grupo expresó la postura de Podemos, el partido mayoritario del mismo. Por el contrario, Asens -dijo Echenique- estaba expresando la opinión de En Comú, la rama catalana de Unidas Podemos, que habla a su propio electorado... y que tiene mucha mayor sintonía con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

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Más allá de eso, y aunque el portavoz no lo planteó abiertamente, este asunto amenaza con generar una nueva brecha entre Unidas Podemos y Díaz, su líder en el Gobierno. Ella no se ha pronunciado sobre la reforma de la malversación, pero Asens es uno de sus hombres más cercanos en el grupo parlamentario morado y otra de sus manos derechas en el Congreso, el secretario general del PCE Enrique Santiago, también defendió este martes que, al igual que ocurre con la sedición, es necesario "adaptar otros tipos penales que tampoco están actualizados".

Dudas en otros socios

No obstante, no solo Podemos ha mostrado sus reservas ante esta posible modificación del delito de malversación. A preguntas de este diario, PNV y EH Bildu, habituales socios del Gobierno, evitan apoyar sin reservas la iniciativa y rechazan posicionarse antes de conocer la propuesta concreta que registrará ERC. "Las implicaciones jurídicas no se pueden concretar si no se conoce la literalidad del texto legislativo", señala el PNV, mientras los abertzales se limitan a señalar que están de acuerdo con Rufián en que la reforma, en caso de producirse, ha de ser "quirúrgica".

El PDeCAT, la rama de la derecha independentista catalana partidaria de pactar con el Gobierno, también ha puesto como condición para apoyar esta reforma de la malversación "que no beneficie o pueda ser aprovechado por casos de corrupción" pero, a la vez, "pueda dejar en una mejor situación procesal a aquellas personas que se les acusa de malversación a raíz de la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017". Así lo expresó su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, que sin embargo no detalló cuál sería el método para conseguir ese objetivo.

Quien se ha mostrado más certero en su rechazo a la reforma de la malversación ha sido Compromís, otro de los aliados habituales del Gobierno. Su único diputado, Joan Baldoví, sostuvo este martes que "no parece una buena idea" abordar este asunto "ahora mismo", aunque afirmó que su partido no adoptará una posición definitiva hasta que vea la propuesta concreta que haga ERC. Pese a ello, no obstante, Baldoví aseguró no compartir que quienes desfalquen fondos públicos deban tener una pena más baja si no se enriquecen personalmente. "Todos son caudales públicos" y "puede plantear muchos problemas, hay que abordarlo con mucha cautela", expresó.